Un grupo de las principales organizaciones ambientales de Argentina llevó al Senado un informe técnico en el que encienden las alarmas sobre la reforma de la Ley de Glaciares promovida por el gobierno de Javier Milei.
Según el documento, los cambios planteados comprometen de forma directa las reservas estratégicas de agua dulce en al menos 20 provincias y abren la puerta a un escenario de fuerte impacto ambiental.
El análisis advierte que la modificación de la norma no solo afectaría ecosistemas de alta montaña, sino también a especies únicas del país. Además, señala que la flexibilización de controles en zonas periglaciares favorecería proyectos de minería transnacional en detrimento de la protección ambiental.
Organizaciones como Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre, WCS Argentina y Fundación Humedales respaldan el informe. Todas coinciden en que reducir las áreas protegidas en ambientes periglaciares podría generar un impacto sistémico e irreversible, tanto en la biodiversidad como en el acceso al agua.
El documento insiste en que los glaciares no son simples bloques de hielo aislados, sino «tanques de agua naturales». De hecho, los datos que presentan buscan dimensionar la magnitud del riesgo.
Entre las cifras más relevantes destacan que el 36 % de la superficie continental argentina depende del deshielo de la cordillera para su abastecimiento hídrico. Asimismo, subrayan que la vida cotidiana y la producción en 20 provincias se sostienen gracias a estos aportes que nutren cuencas ubicadas a cientos de kilómetros. En un contexto de crisis climática, advierten que debilitar la protección legal incrementaría la vulnerabilidad de comunidades que ya enfrentan sequías extremas en distintas regiones del país.
Fuente: Medios Internacionales
360°/AR/DRR
