El canciller Iván Gil, junto a los ministros de Ecosocialismo Freddy Ñáñez y de Acuicultura y Pesca Juan Carlos Loyo, exigió este lunes que Trinidad y Tobago asuma la responsabilidad por el derrame de hidrocarburos que afecta el oriente de Venezuela. Los funcionarios advirtieron que lo más alarmante es el impacto ecológico por encima del económico. El derrame ocurrió el 1 de mayo, pero el gobierno de Trinidad y Tobago publicó un comunicado sobre el hecho recién el 10 de mayo, luego de que Venezuela lo denunciara públicamente el día 9.
Más de 500 pescadores han sido perjudicados y 140 especies marinas están dañadas. El canciller Gil agradeció el trabajo conjunto con el Consejo de Pescadores y Pescadoras Artesanales. Sin embargo, hasta la fecha el gobierno de Trinidad no ha contactado a las autoridades venezolanas para establecer un Plan de Acción, pese a que su comunicado del 10 de mayo ofrecía cooperar. El ambientalista Gary Aboud, director de la organización Amigos del Mar (Friends of the Sea), señaló que el tono de ese comunicado da la impresión de que el problema se solventó el 2 de mayo, cuando en realidad estos derrames tienen un efecto devastador y prolongado en costas, manglares, mar y tierra.
El equipo gubernamental, incluida la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se desplegó tras las alertas del sistema satelital. Un contingente del Ministerio de Ecosocialismo, del Poder Popular y de la Fuerza Armada ha atendido el 70% de la zona con más de 12 toneladas de hidrocarburos recolectadas. Las autoridades de Trinidad no han asistido a sus propias comunidades pesqueras. Entre 2022 y 2023 se produjeron 88 derrames en ese país, y entre 2015 y 2023 la cifra asciende a 876, según la Autoridad de Manejo Ambiental de Trinidad y Tobago (EMA). Esto equivale a un accidente ambiental cada cuatro días. La organización Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas de Trinidad y Tobago (TTEITI), avalada por el Banco Mundial, reportó en 2025 que entre 2016 y junio de 2025 se produjeron 1.738 derrames petroleros.
Venezuela insiste en que el gobierno y las empresas de Trinidad deben responder. Las labores de mitigación continúan mientras se exigen responsabilidades internacionales.
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