Venezuela expone esta semana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sus argumentos para declarar nulo el Laudo Arbitral de París de 1899, en medio de las audiencias orales que se celebran del 4 al 11 de mayo. El equipo jurídico liderado por el canciller Yván Gil defiende la tesis de que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento válido para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela reclama como propio.
Guyana, que presentó la demanda en 2018, pide a la CIJ que valide el laudo que hace 127 años fijó la frontera actual a favor del Reino Unido, entonces potencia colonial.
Caracas asiste a las audiencias “sin reconocer la jurisdicción” del tribunal, pues sostiene que la solución debe ser bilateral y política, no impuesta por La Haya. Sin embargo, los jueces ya rechazaron en 2023 las objeciones preliminares venezolanas, por lo que el proceso sigue su curso. Tras las rondas de réplicas, la Corte deliberará y emitirá una sentencia final, que según el estatuto de la CIJ resulta vinculante e inapelable. La estrategia venezolana busca al menos dejar constancia formal de su postura histórica, tal como hizo en las etapas escritas, mientras denuncia que Guyana violó el Acuerdo de Ginebra al acudir al tribunal.
El origen de la disputa se remonta a 1777, cuando el Esequibo pasó a formar parte de la Capitanía General de Venezuela bajo dominio español. Al consumarse la independencia en 1811, la naciente República de Venezuela heredó esos derechos. Sin embargo, el Reino Unido, que colonizaba la actual Guyana, firmó en 1814 un tratado con Países Bajos para adquirir parte del territorio sin definir su frontera occidental. En 1840, el explorador Robert Schomburgk trazó una línea que reclamaba 80.000 kilómetros cuadrados adicionales de suelo venezolano, zona donde poco después se descubrieron reservas de oro. Durante décadas, el Imperio británico explotó minas en el área en disputa pese a las denuncias de Caracas.
Con la intervención de Estados Unidos, se creó un tribunal arbitral que en 1899 falló a favor del Reino Unido, legitimando la llamada Línea Schomburgk. Cuatro décadas después, documentos revelados demostraron que los jueces británicos habían influido en el fallo, lo que llevó a Venezuela a impugnar el laudo por nulo e irrito. El Reino Unido reconoció el reclamo en el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado justo antes de otorgar la independencia a Guyana. Desde entonces, la ONU ha mediado sin éxito, y el descubrimiento en 2015 de enormes yacimientos de petróleo en el mar del Esequibo —el mismo año en que Barack Obama declaró a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria”— reavivó el conflicto.
La región en litigio, ubicada entre los ríos Orinoco y Esequibo, alberga dos tercios del territorio de Guyana pero solo un tercio de sus 800.000 habitantes. Además de petróleo, gas y uranio, posee oro, cobre, hierro, bauxita, diamantes y manganeso. Su selva tropical, red fluvial y 300 kilómetros de costa con zona económica exclusiva representan una fuente de riqueza forestal, agrícola y pesquera. Para Venezuela, recuperar el Esequibo no solo implica un acto de justicia histórica, sino también sumar recursos estratégicos que hoy financian el crecimiento de Guyana, cuya economía depende cada vez más de la explotación de esos bienes.
Las audiencias orales son la fase definitiva antes de la sentencia. Guyana defenderá la validez del laudo de 1899 y pedirá que se declare la frontera actual como definitiva. Venezuela, en cambio, argumentará que el laudo es nulo y que el Acuerdo de Ginebra prevé una solución negociada entre las partes, no judicial. El gobierno venezolano ha reiterado que su presencia en La Haya no implica aceptación de la jurisdicción de la Corte, sino una oportunidad para exponer su verdad histórica ante el mundo. Lo que ocurra en los próximos días podría redefinir el mapa suramericano.
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