El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, acudirán este martes al Senado para dar explicaciones sobre los polémicos ataques militares en el Caribe, ordenados directamente por la Administración de Donald Trump. La comparecencia llega tras meses de insistencia por parte de senadores demócratas, quienes han alertado sobre la posible ilegalidad de estas operaciones y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.
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Este lunes, Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, señaló que la reunión será abierta a todos los legisladores, con el objetivo de arrojar luz sobre acciones que hasta ahora se han mantenido bajo discreción. “Esta reunión se produce tras semanas de presión para garantizar que todos los senadores escuchen a una Administración que parece temer dar incluso las respuestas más básicas”, denunció Schumer en un mensaje en X.
El senador demócrata acusó a la Administración de llevar a cabo “acciones imprudentes y deshonestas” que podrían violar tanto la legislación estadounidense como el derecho internacional. “El pueblo estadounidense merece ser informado, y los legisladores tenemos la intención de exigir responsabilidades”, añadió, subrayando la necesidad de transparencia sobre los ataques y sus consecuencias.
Hasta ahora, Rubio y Hegseth solo han comparecido en reuniones privadas con líderes del Congreso y comités de seguridad nacional. Sin embargo, esos encuentros no ofrecieron suficiente información sobre la legalidad de las operaciones ni sobre las víctimas civiles. La presión sobre el Gobierno sigue aumentando: el Congreso ha condicionado parte de los fondos del Pentágono a la publicación completa del video del ataque contra una embarcación en el Caribe, donde sobrevivieron dos tripulantes que podrían ser testigos clave, según organizaciones de derechos humanos.
Desde que comenzó el operativo “Lanza del Sur”, el Comando Sur de Estados Unidos ha hundido alrededor de veinte embarcaciones supuestamente cargadas de drogas, causando la muerte de más de 80 tripulantes, catalogados por Washington como “narcoterroristas”. Expertos en derecho internacional advierten que estas ejecuciones sumarias podrían constituir crímenes de guerra y abrir la puerta a procesos penales contra responsables políticos y militares.
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