El Congreso de Perú promulgó este lunes 15 de diciembre la Ley N.º 32527, que otorga al Poder Ejecutivo facultades para legislar durante 60 días en áreas clave como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. La medida, solicitada por el Gobierno de transición que preside José Jerí, busca dar respuesta a una crisis social y política marcada por el aumento de la criminalidad y su influencia en las instituciones estatales.
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El primer ministro, Ernesto Álvarez, defendió la solicitud ante el Congreso el 24 de noviembre, argumentando que la crisis amenaza «no solamente la coyuntura inmediata de la política, sino la estructura misma de la sociedad peruana». Álvarez subrayó la necesidad de contar con «instrumentos adecuados para ejercer una defensa eficaz» de la ciudadanía.
La ley, publicada en el boletín oficial El Peruano, autoriza al Gobierno a emitir 24 normas destinadas a fortalecer la seguridad y la lucha contra el crimen. Entre estas medidas se incluyen tipificar la tenencia ilegal de armas de fuego, revisar los delitos en flagrancia y abordar el uso indebido de la figura de refugiado por parte de extranjeros en situación irregular. Además, el Ejecutivo podrá reforzar el marco penal frente a la minería ilegal, incorporar el delito de revelación de información reservada y aumentar las penas por resistencia o desobediencia a la autoridad.
En el ámbito económico, la ley faculta al Gobierno a dictar 17 normas orientadas a impulsar el crecimiento y mejorar la fiscalización financiera. Estas incluyen modificaciones al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, la Ley Penal Tributaria y la Ley General de Aduanas, así como procedimientos para controlar el valor en el régimen aduanero de importación para el consumo. Asimismo, siete normas se dedicarán al fortalecimiento institucional, incluyendo ajustes en la Ley General de Sanidad Agraria para proteger el bienestar de los animales domésticos.
Según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), desde que Jerí asumió el poder el 10 de octubre se han registrado 347 homicidios, de los cuales «258 (74.4 por ciento) han sido ocasionados por proyectil de arma de fuego». A pesar del estado de emergencia y las medidas implementadas, la criminalidad no ha disminuido. El propio Jerí admitió que el número de asesinatos «continúa ascendiendo» y señaló que su prioridad en los seis meses restantes será «detener el incremento de la violencia».
Fuente: teleSUR
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