En una movilización que pone en jaque la estabilidad del calendario académico, el Ministerio de Educación Universitaria ha calificado de “incomprensible” y “contradictoria” la convocatoria a paro de 24 horas anunciada por sectores gremiales. La medida de fuerza surge de manera inesperada, justo después de que la cartera ministerial estableciera una hoja de ruta con lapsos definidos para atender las solicitudes de los trabajadores.
La administración de la ministra Ana María Sanjuan lamentó que, tras un encuentro que se consideraba constructivo, los voceros sindicales optaran por la vía de la conflictividad en lugar de esperar los resultados de la comisión de alto nivel designada para este fin. Dicha instancia, encabezada por el viceministro Yoel Amaya y el director de la OPSU, Ricardo Ríos, ya se encontraba procesando las propuestas recibidas.
Un escenario de contrastes: Diálogo vs. Paralización
Para las autoridades universitarias, no existe una lógica que sustente la huelga en este momento, citando tres avances recientes que los gremios parecen ignorar:
Saneamiento de pasivos: La cancelación efectiva de deudas arrastradas de ejercicios fiscales anteriores.
Recuperación del ingreso: El fortalecimiento de los pagos y bonificaciones especiales para el personal activo.
Institucionalidad: El establecimiento, por primera vez en meses, de un cronograma de diálogo formal y constante.
«Resulta incomprensible que se convoque a una paralización sin esperar el cumplimiento de los lapsos que ellos mismos aceptaron», señala el documento oficial, sugiriendo que existen intereses que van más allá de la reivindicación laboral.
La educación frente a la crisis financiera
El Ministerio fue enfático al recordar que el país opera bajo un esquema de restricciones financieras severas producto de las sanciones internacionales. En este contexto, la cartera universitaria advirtió que detener las aulas es una medida que afecta directamente a la República en un momento de vulnerabilidad.
Finalmente, el Gobierno Nacional hizo un llamado a la conciencia de los trabajadores, reiterando que la educación nacional no debe detenerse. La invitación se mantiene sobre la mesa: un debate realista que no ignore las capacidades financieras actuales de la República y que priorice el derecho de los estudiantes a formarse sin interrupciones.
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