Una investigación periodística transfronteriza coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) logró identificar a 18 de los 179 hombres muertos por ataques con misiles de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, entre el 2 de septiembre de 2025 y el 5 de mayo de 2026, como parte de la Operación Southern Spear.
La mayoría eran pescadores, mototaxistas o padres de familia que, según sus allegados, fueron empujados por la pobreza a transportar cargas ilegales, y murieron sin juicio ni defensa.
La investigación, titulada Bombardeados, sin derecho a la defensa, contó con la participación de medios de Venezuela, Colombia, Trinidad y Tobago y periodistas independientes de República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y México, con apoyo técnico de la organización sin fines de lucro dedicada a la investigación, monitoreo y archivo de los daños civiles causados por ataques aéreos y el uso de armas explosivas en conflictos internacionales, Airwars.
El equipo documentó que las fuerzas estadounidenses destruyeron 58 embarcaciones con un saldo de al menos 179 fallecidos y 12 desaparecidos. Entre las víctimas identificadas se cuentan Eduardo Jaime, «Pichirilo», un futbolista de sala venezolano de Güiria, y los trinitenses Chad Joseph y Rishi Samaroo, cuyas familias demandan a Washington por ejecuciones extrajudiciales.
La pesquisa reveló que los bombardeos aterrorizaron a comunidades pesqueras y paralizaron las economías locales, además de interferir con al menos 18 vuelos comerciales y fracturar la cooperación internacional antinarcóticos.
El Comando Sur de EE.UU. defendió los ataques como «legales, precisos y dirigidos contra narcoterroristas», pero expertos en derechos humanos como John Walsh de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) calificaron las muertes como «ejecuciones extrajudiciales» que violan el derecho internacional.
La investigación también denuncia que el gobierno de Trump ocultó los nombres de las víctimas, borradas en un «espectáculo de fuerza» que no ha reducido el flujo de cocaína.
La investigación completa, con historias de vida y testimonios, está disponible en el sitio del CLIP. Organizaciones civiles han pedido a la CIDH investigar estos ataques.
FUENTE: CLIP
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