El gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, aprobó un ajuste fiscal de 2.000 millones de dólares para 2026 que provocó el cierre de programas sociales y despidos masivos de funcionarios públicos, mientras organizaciones sindicales denuncian la existencia de «listas políticas» para catalogar trabajadores según su cercanía al Ejecutivo.
La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) alertó que cerca de 200.000 funcionarios podrían perder su empleo, lo que destruiría la memoria técnica del Estado. Su presidente, José Pérez Debelli, calificó la práctica de discriminación laboral como «cacería de brujas» y exigió eliminar «el botín político» contra quienes tienen relación permanente con el Estado.
La Confederación de Profesionales Universitarios de la Salud rechazó el ajuste del 3% y advirtió que el sector ya arrastra una deuda de más de 500.000 millones de pesos.
El Ejecutivo impulsa además una reforma tributaria que reduciría ingresos fiscales en 4.000 millones de dólares adicionales (más del 1% del PIB), al bajar el impuesto a la renta de grandes empresas del 27% al 23%, medida que beneficiaría a 1.500 grandes accionistas.
El analista Rodrigo Echecopar advirtió que la propuesta encendió las alertas al poner en riesgo derechos como la gratuidad universitaria y los programas de vivienda social, ya que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que el objetivo es que «el pleno empleo sea la única política social existente».
«Eso significa que la Pensión Garantizada Universal no debiese existir», sentenció Echecopar.
FUENTE: TELESUR
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