Los trabajadores de la prensa en Bolivia han alzado su voz en contra del reciente proyecto de ley aprobado por el Senado, el cual impone severas restricciones al acceso a la información pública. Los comunicadores califican esta normativa como una vulneración directa a las garantías consagradas en la Constitución, argumentando que los nuevos requisitos burocráticos, como la entrega de datos personales y solicitudes formales, dinamitan el derecho de la población a conocer la gestión estatal. Asimismo, cuestionan la falta de diálogo durante el proceso legislativo, señalando que la propuesta fue aprobada de espaldas a los sectores involucrados.
Esta iniciativa legal es percibida por los periodistas como un intento de limitar la transparencia informativa, contraviniendo los tratados y criterios internacionales de libertad de expresión. La preocupación principal radica en que las trabas impuestas obstaculizan gravemente las investigaciones de interés público, dejando al ejercicio del periodismo en una posición de vulnerabilidad. Ante la imposición de este complejo entramado de trámites, el gremio ha declarado un estado de alerta, exigiendo que se respete el libre acceso a la información como un pilar fundamental de la democracia boliviana.
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