El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, encabezó este miércoles el acto de apertura de la Revolución Judicial con un balance sobre la situación penitenciaria. Cabello admitió con autocrítica que en el pasado existían irregularidades donde «personas condenadas pagaban por permanecer en calabozos preventivos en busca de mayor comodidad», una práctica que la comisión multidisciplinaria comenzó a desarticular.
El ministro de Relaciones Interiores detalló que la primera fase del despliegue logró reducir en más de 40% el hacinamiento en los centros preventivos, donde se detectaron casos de ciudadanos recluidos por delitos menores sin acusación formal ni tribunal asignado. La estrategia unificó esfuerzos de magistrados, diputados, defensores públicos y fiscales en siete regiones del país.
Cabello alertó que casi el 70% de la población reclusa actual es asistida por la defensa pública por falta de recursos para abogados privados. Calificó el flujo carcelario como un «molino» continuo porque los ingresos superan constantemente a las libertades otorgadas bajo el esquema procesal ordinario.
El funcionario aseguró que el trabajo articulado erradicó el control de bandas delictivas en los internados judiciales y garantizó la disposición del Ejecutivo para coordinar traslados oportunos a audiencias. «No tenemos complejos políticos para profundizar la reestructuración», concluyó.
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