El Parlamento venezolano dio un paso decisivo hacia la transformación del sistema judicial del país tras sancionar, mediante votación por mayoría evidente, un histórico acuerdo de apoyo institucional para activar una consulta pública masiva que servirá de base para reestructurar la Justicia Penal.
La propuesta, llevada al hemiciclo por la diputada María Gabriela Vega, se concibe como un mecanismo democrático, oportuno y de protagonismo popular orientado a elevar el estándar institucional del Estado social de derecho y de justicia en la nación.
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Emplazamiento político y rechazo a posiciones arrogantes
El debate estuvo marcado por la intervención del presidente del Poder Legislativo, diputado Jorge Rodríguez, quien basó su discurso en la necesidad de entablar un diálogo genuino, despojado de superioridades morales por parte de las facciones de la oposición venezolana. Rodríguez criticó duramente lo que catalogó como una postura de «perdonavidas» de ciertos voceros políticos, comparándolos de forma irónica con personas que «acabaran de aterrizar en una nave espacial en la Plaza Bolívar de Caracas» sin conexión con la realidad histórica reciente del país.
Haciendo memoria histórica sobre el costo de la inestabilidad civil, el parlamentario recordó que los episodios violentos de las denominadas «guarimbas» en 2014 cobraron la vida de 43 venezolanos de distintas tendencias políticas y civiles, mencionando de forma particular el dolor de la madre de Orlando Figuera. Condenó que en su momento hubiese sectores que celebraran la violencia en Altamira y advirtió que esa misma mentalidad aflora de manera sistemática a través de una «actitud de perdonavidas» cada vez que el bloque oficialista intenta tender puentes de convivencia democrática.
«Hay un sector que todavía, años después, mantiene esa actitud de ese mantuanaje que tanto daño le ha hecho a la vida social de Venezuela», denunció Rodríguez, argumentando que estos grupos se autoexcluyen por voluntad propia de los espacios de concertación al rechazar terminología de base popular como «participativa y protagónica» solo por su origen político.
Crítica a las dinámicas en plataformas digitales
El jefe de las bancadas legislativas también cargó contra el tratamiento informativo en el entorno virtual, acusando a creadores de contenido y comunicadores vinculados a la derecha de manipular de forma sistemática sus declaraciones y de carecer de ecuanimidad o compromiso con la verdad histórica. Aseguró que las campañas en redes sociales buscan únicamente complacer los sesgos de un sector minoritario del país que tiene el «cerebro atrapado».
Para evidenciar la voluntad de reconciliación que ha mantenido el parlamento frente a los delitos del pasado, Rodríguez sacó a relucir el balance de la aplicación de la Ley de Amnistía:
- 12.000 ciudadanos introdujeron solicitudes formales para acogerse al beneficio.
- Casi 9.000 personas resultaron efectivamente beneficiadas por la medida, a pesar del impacto de los delitos condonados.
«Bastantes sapos nos hemos tragado nosotros aprobando esa Ley de Amnistía y condonando una serie de crímenes y actuaciones de violencia… Lo hicimos adelante con valentía», enfatizó, garantizando que el Poder Legislativo no desistirá de buscar el entendimiento colectivo.
Ejes estratégicos del despliegue parlamentario
El acuerdo ratificado por la plenaria no solo avala políticamente la consulta, sino que establece un plan operativo inmediato que contempla:
- Apertura y Debate Multisectorial: Convocatoria abierta e inmediata a universidades, gremios jurídicos, defensores de derechos humanos, instituciones del Estado y movimientos comunales.
- Sistematización Técnica: Las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional recopilarán las opiniones de la ciudadanía para redactar de manera formal los nuevos proyectos de ley.
- Presencia en las Regiones: Bloques de diputados se movilizarán directamente a los territorios para enlazar a las bases de las comunidades con las instancias coordinadoras de la reforma.
El instrumento legal entrará en vigencia inmediata una vez sea remitido y asentado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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