El expresidente Lenín Moreno ha vuelto a pisar suelo ecuatoriano tras cinco años de residencia en el exterior. Su arribo, procedente de Paraguay, no es una visita diplomática, sino una respuesta obligatoria a la justicia: el próximo lunes 11 de mayo, Moreno se sentará en el banquillo de la Corte Nacional de Justicia para responder por el delito de cohecho en el denominado Caso Sinohydro.
Coca Codo Sinclair: El epicentro del escándalo
La investigación, conocida originalmente como INA Papers, desmenuza una red de corrupción que se extendió durante casi una década (2009-2018). En el centro de la trama se encuentra la adjudicación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una obra que, más allá de su capacidad energética, se ha convertido en el símbolo de la malversación de fondos bajo el esquema de la empresa china Sinohydro.
Los hallazgos de la Fiscalía: 76 millones en la sombra
La Fiscalía General del Estado ha construido un caso sólido basado en una premisa contundente: el 4% del valor total de la obra se destinó a sobornos. Los puntos neurálgicos de la tesis fiscal incluyen:
Triangulación de Capitales: El uso de empresas de papel y consultorías ficticias para dar apariencia de legalidad a ingresos de origen ilícito.
Vínculos en la Vicepresidencia: La ruta del dinero identifica transferencias bancarias que habrían beneficiado directamente al círculo íntimo de Moreno, precisamente cuando este ostentaba el segundo cargo más importante de la nación.
Red de Influencias: La acusación sostiene que los 76 millones de dólares fueron el «precio» por garantizar la viabilidad y adjudicación del contrato a la firma asiática.
Un lunes decisivo para la justicia ecuatoriana
El regreso de Moreno y su esposa, Rocío González, pone fin a un ciclo de ausencia que alimentó la narrativa de la impunidad. La audiencia del 11 de mayo no solo evaluará la culpabilidad del exmandatario, sino que pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para sancionar una ingeniería financiera diseñada para ocultar el rastro de la corrupción gubernamental.
La opinión pública y la comunidad internacional mantienen sus ojos puestos en Quito, a la espera de que el proceso determine si el mayor proyecto de infraestructura del país fue, en realidad, el vehículo para un enriquecimiento ilícito de escala histórica.
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