En un fallo que sienta un precedente contra la instrumentalización de la justicia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló el proceso penal contra siete ciudadanos en el estado Lara, tras detectar que el caso fue fabricado para forzar una partición de bienes. Mediante la sentencia 417, el máximo tribunal calificó la actuación de las instancias inferiores como «fraude procesal» y ordenó el sobreseimiento definitivo de la causa, liberando a los implicados de sus arrestos domiciliarios.
Justicia penal como herramienta de coacción
La controversia, que involucraba a la viuda y allegados del fallecido Omar Zoghbi Herrera, fue llevada al terreno criminal por el Ministerio Público bajo cargos de estafa y falsificación. Sin embargo, los magistrados determinaron que los acusadores utilizaron la amenaza de la cárcel como una fórmula de presión para dirimir una disputa que es, por naturaleza, estrictamente civil y mercantil. La Sala fue tajante al denunciar el uso de «terrorismo judicial» para amedrentar a una de las partes en una pugna sucesoral.
Un alto a la arbitrariedad
El TSJ aprovechó la sentencia para enviar un mensaje correctivo a fiscales y jueces, recordándoles que su deber es evitar el «derecho a la arbitrariedad». Los magistrados alertaron que ninguna institución del Estado posee facultades irracionales para procesar hechos que no constituyen delitos, exhortando al sistema de justicia a no permitir que las querellas patrimoniales contaminen la jurisdicción penal. Con esta decisión, el TSJ restablece el debido proceso y blinda la seguridad jurídica de los siete ciudadanos afectados por la irregular investigación.
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