​El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó este miércoles 29 de octubre una nueva ley vital. La medida llega en medio de una crisis de seguridad que golpea a Río de Janeiro. El objetivo es doble: endurecer la lucha contra las organizaciones criminales y proteger más a los servidores públicos que combaten la delincuencia. La Ley 15.245 ya está en el Diario Oficial de la Unión y representa una respuesta firme a la escalada de violencia.

   La reforma modifica el artículo 288 del Código Penal. Ahora, la ley castiga a quienes contraten o soliciten la comisión de un delito a miembros del crimen organizado, incluso si el acto no llega a concretarse. La pena es la misma que para asociación delictuosa: uno a tres años de prisión. Además, se reformó la Ley 12.850 de 2013, que ahora tipifica como delitos la obstrucción y la conspiración contra las acciones dirigidas al crimen organizado. Ambos delitos conllevan penas de cuatro a 12 años de cárcel.

   ​La protección se extiende a un grupo mucho mayor de funcionarios en riesgo. La Ley 12.694 de 2012 incluye ahora a miembros del Poder Judicial, el Ministerio Público y la seguridad pública. Esto significa que policías activos y retirados, sus familias en situación de peligro, soldados de las Fuerzas Armadas y agentes fronterizos tienen derecho a protección.

   ​La ley se sancionó con urgencia tras la trágica masacre policial en Río de Janeiro, que dejó al menos 132 fallecidos en Alemão y Penha durante un operativo contra el Comando Vermelho. El presidente Lula da Silva ordenó al ministro de Justicia y al director de la Policía Federal viajar a Río para colaborar directamente con el gobernador, Cláudio Castro.

   ​El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, reveló que el presidente quedó «horrorizado» por la cifra de muertes y «sorprendido» por la falta de información del Gobierno de Río. Las operaciones policiales resultaron ser las más letales registradas en la historia reciente de la ciudad.

Fuente: teleSUR

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