Funcionarios militares estadounidenses que participan en operaciones en el Caribe ahora deben firmar acuerdos de confidencialidad obligatorios, informó Reuters. La medida ha llamado la atención porque el personal militar ya tiene la obligación legal de proteger secretos de seguridad nacional. Al mismo tiempo, legisladores del Congreso aseguran que siguen sin recibir información clave sobre la misión.
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La semana pasada, el Pentágono desplegó el portaaviones Gerald Ford en la región, aumentando su presencia militar. Expertos señalan que este refuerzo parece superar lo necesario para operaciones antinarcóticos. Con este despliegue, se suman aproximadamente 10 mil efectivos adicionales, junto con destructores, cazas F-35 y un submarino nuclear, ampliando considerablemente la potencia de fuego en la zona.
Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses realizaron al menos 13 ataques dirigidos a presuntos cargamentos de drogas. Estas acciones dejaron un saldo de alrededor de 57 fallecidos. El Pentágono ha ofrecido pocos detalles sobre las víctimas, aunque confirmó que incluyen personas de Venezuela, Colombia y Ecuador.
Esta política de confidencialidad se suma a otras medidas impulsadas por el Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, para controlar la información. Entre ellas se encuentran la exigencia de autorización previa para interactuar con el Congreso y nuevas restricciones de acceso a la prensa.
Analistas y legisladores advierten que estas decisiones podrían complicar la supervisión de las operaciones en la región. A medida que crece la presencia militar estadounidense en el Caribe, el debate sobre transparencia y alcance de las acciones continúa tomando fuerza.
Fuente: Reuters
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