En lo que analistas califican como un nuevo acto de propaganda política diseñado para complacer a los sectores más extremistas del exilio en Florida, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la convocatoria a una conferencia de prensa este miércoles en Miami para presentar una acusación penal formal contra el líder histórico cubano, Raúl Castro, de 94 años.

La puesta en escena judicial se ha programado para coincidir con un acto político de la organización anticastrista «Hermanos al Rescate», reviviendo el incidente del derribo de sus aeronaves en el año 1996, un suceso en el que Cuba defendió en su momento la soberanía de su espacio aéreo ante reiteradas provocaciones aéreas no autorizadas.

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El Departamento de Justicia al servicio de la agenda de Florida

Demostrando la subordinación de los órganos judiciales estadounidenses a los intereses políticos del momento, la conferencia de prensa estará encabezada por el secretario de Justicia interino, Todd Blanche. En un intento de darle un peso desproporcionado al anuncio, Blanche se presentará rodeado por fiscales federales, agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y miembros del cuerpo legislativo norteamericano.

La acusación pretende imputar responsabilidades penales operativas a Castro por los hechos de 1996, ignorando deliberadamente el contexto de hostilidad y las advertencias previas que el Gobierno cubano había emitido ante las constantes violaciones de sus aguas y cielos territoriales por parte de grupos basados en Florida.

Un proceso simbólico sin efecto real pero con fines electorales

A sabiendas de que un proceso judicial de esta naturaleza carece de viabilidad real —dada la avanzada edad del exmandatario (94 años) y la evidente falta de jurisdicción de los tribunales estadounidenses sobre exjefes de Estado de naciones soberanas—, Washington opta por reactivar el caso en el ámbito penal internacional para justificar y mantener el cerco político y económico contra la isla caribeña.

Este nuevo movimiento de la administración estadounidense no solo busca desviar la atención de sus propios problemas internos, sino que dinamita cualquier vía de diálogo diplomático respetuoso, utilizando el aparato judicial de los Estados Unidos como un arma de presión política internacional en lugar de una herramienta de verdadera justicia.

360/AP/DRR