La Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este martes, 2 de diciembre de 2025, declaraciones contundentes para fijar la posición oficial del gobierno venezolano tras la decisión de un tribunal en Estados Unidos de proceder con la «venta forzosa» de la empresa petrolera CITGO.
El gobierno del Presidente Nicolás Maduro rechaza enérgicamente la medida, calificándola como un «vulgar y bárbaro despojo» y un «robo» de un activo valorado en aproximadamente $12.000 millones de dólares, propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de todos los venezolanos.
La Vicepresidenta señaló que esta operación es parte de una «agresión multiforme» ejecutada desde Estados Unidos en complicidad con «factores internos» de la extrema derecha venezolana, a quienes acusó de montar una «trama fraudulenta» desde 2019 para despojar al país de sus recursos.
Rechazo a la decisión judicial
El comunicado oficial del gobierno venezolano subraya que tanto el gobierno legítimo como PDVSA fueron «ilegalmente excluidos» del proceso judicial bajo la excusa de desconocer al gobierno de Maduro, impidiéndoles ejercer su derecho a la defensa. Rodríguez destacó la gravedad de la pérdida, no solo del activo de $12.000 millones, sino también de los dividendos acumulados desde 2019, que estimó entre $24.000 millones y $30.000 millones de dólares.
Denunció que estos fondos fueron presuntamente robados y usados para financiar a figuras de la oposición como Juan Guaidó y otros grupos, a quienes acusó de conformar una «banda criminal de delincuencia organizada» para saquear los activos. También mencionó específicamente a figuras como María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, y Julio Borges, entre otros, como cómplices en esta acción.
La Vicepresidenta identificó a la «Junta Ad-Hoc» que ha administrado CITGO desde 2019 como la principal herramienta en este proceso, nombrando a sus miembros en diferentes períodos, como Luisa Palacios, Carlos Jordá, Horacio Medina, y José Ignacio Hernández, a este último lo acusó de haber sido abogado de una de las empresas demandantes contra CITGO y luego aparecer como representante legal de Venezuela en el tribunal.
Finalmente, el gobierno venezolano ha reiterado que no reconocerá la venta forzosa de CITGO y ha prometido que se hará justicia, al tiempo que anunció que se adoptarán todas las medidas disponibles para que los promotores y ejecutores de este despojo respondan ante la justicia venezolana por las responsabilidades civiles y penales correspondientes, incluyendo la responsabilidad internacional de los gobiernos extranjeros que «se prestaron para este robo y despojo descarado.»
Fuente: Medios Digitales
360°/PG/OBP
