El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha puesto un punto final al proceso judicial contra cinco dirigentes de oposición implicados en un plan para sabotear la instalación de la Asamblea Nacional en enero de 2021. La Sala Penal del máximo tribunal confirmó la pena máxima de 30 años de prisión para los acusados, según se establece en la sentencia N° 865, publicada el pasado 4 de diciembre. La decisión fue ratificada por los tres integrantes de la Sala Penal: la magistrada Elsa Gómez (ponente), Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno.
¿Quiénes son los condenados?
En ese sentido, los cinco individuos condenados son: Argenis Enrique Ugueto Benítez, Rigoberto Moreno Carmona, Darío Pastor Estrada Perozo, Robert José Franco Vallera y Julio César Sánchez Arias.
Un informe de contrainteligencia detalló que estas personas participaron en una reunión en Riohacha, Colombia, el 21 de diciembre de 2020, organizada por miembros de los servicios de inteligencia colombianos y la oficina antinarcóticos (DEA) de Estados Unidos. Allí se habrían planificado “actividades desestabilizadoras” entre finales de 2020 e inicios de 2021. Entre los objetivos del plan figuraban el asesinato de un alto funcionario del Estado, el sabotaje a la toma de posesión de los diputados electos y la toma de fuertes militares para sustraer armamento. Para coordinar estas acciones, crearon un grupo de WhatsApp llamado “Operación Continente Americano 2020 Venezuela” con alrededor de 41 integrantes, incluyendo disidentes de la FANB y prófugos de la justicia.
Ratificación de la pena máxima
Los cinco sujetos fueron detenidos en Lara, Trujillo y Caracas, posteriormente, el Ministerio Público solicitó abrirles juicio por los delitos de traición a la Patria, asociación para delinquir y homicidio intencional en grado de tentativa.
Mientras que otro implicado en la misma causa, Ronald Enrique Flores Rivero, admitió su participación en los hechos y recibió una condena reducida de 13 años y 7 meses, los cinco dirigentes continuaron a juicio. Este proceso culminó el 9 de agosto de 2024 con la sentencia de 30 años de prisión, ratificada posteriormente por la Corte de Apelaciones.
Ante la Sala Penal del TSJ, los abogados defensores interpusieron un recurso de casación, alegando deficiencias en la narración fiscal de los hechos. Sin embargo, los magistrados determinaron que los argumentos presentados se referían a aspectos del juicio que no son susceptibles de ser revisados a través de ese recurso legal. Por lo tanto, el TSJ desestimó la solicitud y dejó firme la condena de pena máxima para los cinco implicados.
Fuente: Medios Nacionales
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