Durante la cuarta sesión del juicio por el desfalco a Pdvsa, el exdiputado Hugbel Roa rechazó las acusaciones en su contra, atribuyendo su detención a una «retaliación» política. Según su testimonio, esta medida responde a las investigaciones que lideró desde la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional sobre presuntas extorsiones cometidas por figuras del sistema de justicia contra empresarios petroleros en Anzoátegui. Pese a sus declaraciones, el Ministerio Público lo señala como una pieza clave que conectaba al exvicepresidente de Pdvsa, Antonio Pérez Suárez, con operadores financieros para ejecutar asignaciones irregulares de crudo.
En la misma audiencia, otros implicados como Ysmer Serrano y Rafael Perdomo tomaron la palabra para ejercer su defensa. Serrano, exvicepresidente de Comercio y Suministro, negó cualquier vínculo con la trama de corrupción, mientras que Perdomo presentó documentos para intentar justificar la procedencia de los fondos utilizados en sus desarrollos inmobiliarios en Las Mercedes. Por otro lado, la jueza Alejandra Romero consultó a otros 18 acusados sobre su disposición a testificar, pero estos decidieron declinar y mantener el silencio procesal en esta etapa del juicio.
La investigación fiscal sostiene que los 64 acusados conformaron una red que utilizaba sus cargos para gestionar operaciones petroleras paralelas mediante la Sunacrip, sin ningún tipo de control administrativo. Entre los hallazgos más destacados figura el caso de Johana Torres, señalada como presunta encargada de manejar los bienes de Roa. El Ministerio Público afirma que Torres experimentó un crecimiento patrimonial desproporcionado, acumulando aeronaves, yates y propiedades de lujo a través de contratos irregulares, lo que refuerza la tesis de una estructura delictiva organizada dentro de la industria estatal.
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