La tensión en el norte de Europa alcanza nuevos niveles tras las recientes declaraciones de Serguéi Shoigú, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. El alto funcionario cuestionó la eficacia de las defensas antiaéreas occidentales o, en su defecto, la complicidad de Finlandia y los Estados bálticos en las oleadas de ataques con drones que han impactado puertos estratégicos como Primorsk y Ust-Luga.
Según Moscú, la admisión por parte de Estonia, Letonia y Lituania sobre el tránsito de aeronaves no tripuladas ucranianas por su espacio aéreo constituye una violación a la seguridad regional. Shoigú fue enfático al declarar que «facilitara conscientemente» estas rutas convierte a estos países en actores directos del conflicto, abriendo la puerta a represalias legales y militares bajo el marco del derecho internacional.
El gobierno ruso ha calificado de «ineficaz» la vigilancia aérea en la zona y ha advertido que, de no atenderse las notificaciones diplomáticas enviadas por la Cancillería rusa, la situación escalará hacia una fase de confrontación defensiva.
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