Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Bolivia han alcanzado su punto más crítico. El Gobierno de Gustavo Petro oficializó hoy el cese de funciones de Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de la Embajada boliviana en Bogotá. La medida es una respuesta directa a la reciente expulsión de la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, decretada por la administración del presidente boliviano Rodrigo Paz tras acusarla de “injerencia”.
El cruce de declaraciones ha encendido las alarmas en la región. El presidente Petro no tardó en reaccionar, calificando el panorama boliviano como una “respuesta a la soberbia geopolítica”, una frase que encendió los ánimos en La Paz. El Gobierno de Rodrigo Paz rechazó tajantemente el comentario, argumentando que vulnera el principio internacional de no intervención. Por su parte, la Cancillería colombiana defendió su postura asegurando que sus actuaciones han sido meramente diplomáticas y sin intenciones de entrometerse en asuntos ajenos, a lo que el mandatario boliviano reviró acusando a Petro de anteponer su ideología a la convivencia pacífica entre las naciones.
Un trasfondo de crisis social y carreteras bloqueadas
Este choque internacional no ocurre en el vacío. Bolivia atraviesa una tormenta interna marcada por fuertes protestas sociales. Campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros mantienen al país en vilo con huelgas indefinidas y bloqueos de carreteras. Los manifestantes exigen soluciones urgentes a la escasez de combustible, los problemas de abastecimiento y mejoras salariales.
Para complejizar aún más el escenario, las movilizaciones han encontrado un fuerte respaldo en el expresidente Evo Morales, quien se ha consolidado como el principal referente de apoyo a las demandas populares, justo en el momento en que la diplomacia con Colombia se fractura.
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