La dirección nacional del PSUV, bajo la vocería de Diosdado Cabello, ratificó la validez jurídica de la deportación del ciudadano colombiano Alex Saab hacia su país de origen. El vocero principal desmintió de forma categórica que el procesado cuente con la condición de ciudadano natural de Venezuela, enfatizando que la medida se ejecutó bajo los parámetros de la Carta Magna y los convenios internacionales vigentes.
De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades migratorias detectaron que Saab utilizaba una identidad venezolana falsificada con registro del año 2004, la cual no figura en el sistema del Saime. Debido a que el implicado no logró justificar la procedencia de su documentación civil, el Ministerio Público mantiene abierta una averiguación penal autónoma por falsificación de documentos públicos y presunto fraude continuado contra el patrimonio de la República.
Para fundamentar la legalidad de la entrega, Cabello citó el artículo 271 constitucional, que obliga al Estado a cooperar con la justicia internacional ante delitos graves como el blanqueo de capitales. Bajo esta premisa, la organización instó a las plataformas políticas de oposición a despolitizar el caso y a estudiar detenidamente los expedientes judiciales antes de emitir juicios de valor que pretendan distorsionar la naturaleza técnica de la sentencia.
En materia ambiental, el partido gobernante se solidarizó con los estados Monagas, Sucre y Delta Amacuro tras el vertido de crudo originado por negligencia en Trinidad y Tobago. El secretariado político ordenó a sus bases movilizarse en los pueblos costeros para empadronar a los 500 pescadores artesanales perjudicados, estructurando los comités de reclamo que exigirán formalmente al gobierno trinitense la compensación económica total por el daño ecológico ocasionado.
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