En un acto que define una nueva etapa para el desarrollo económico del país, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves la promulgación de la Ley Orgánica de Minas. El evento, de alto valor estratégico, se llevó a cabo con el objetivo de modernizar la gestión de los recursos minerales bajo un enfoque de corresponsabilidad y justicia social.
Durante la ceremonia, la Jefa de Estado (E) estuvo acompañada por el vicepresidente Sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, y la ministra del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Anabel Pereira. El acto contó con una participación histórica de la clase obrera, gremios mineros y representantes del sector privado, quienes se conectaron vía satelital desde el Complejo Minero «Manuel Carlos Piar» en el estado Bolívar, consolidando la unión entre el Ejecutivo y las fuerzas productivas de Guayana.
Un marco legal para el futuro
La nueva normativa no solo ratifica la rectoría del Estado sobre las riquezas del subsuelo, sino que introduce reformas estructurales para garantizar que la actividad minera se alinee con los desafíos del siglo XXI. Los pilares fundamentales de esta ley incluyen:
Protección Ambiental: Establece estándares rigurosos para mitigar el impacto ecológico y promover una minería regenerativa.
Seguridad Laboral: Refuerza las garantías y derechos de los trabajadores, elevando los protocolos de seguridad en los yacimientos.
Inclusión Social: Prioriza el bienestar de las comunidades locales y brinda apoyo técnico y jurídico a los pequeños productores.
Equilibrio económico y social
La promulgación de este instrumento jurídico representa un avance significativo en la consolidación de un modelo que equilibra los intereses de la Nación con los de los inversionistas. «Esta ley es una herramienta de soberanía que protege al Estado, incentiva la inversión responsable y, sobre todo, dignifica al minero de a pie», destacaron las autoridades durante el encuentro.
Con esta firma, Venezuela se encamina hacia una explotación minera más eficiente, transparente y humana, reafirmando su compromiso con un modelo de desarrollo que no compromete el patrimonio ambiental de las futuras generaciones.
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