El cierre del Gobierno federal de EE. UU. no es un hecho inédito, pero esta vez destaca por su intensidad, marcada por la desconfianza y tensión entre demócratas y republicanos. La disputa sobre la ley de gasto ha dejado a unos 750 mil empleados federales sin sueldo y ha suspendido temporalmente varios servicios gubernamentales.
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Las negociaciones están estancadas, y tanto el presidente Donald Trump como los líderes de ambos partidos se muestran poco dispuestos a ceder. La base demócrata exige que sus líderes contrarresten firmemente a Trump, especialmente después de que Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, recibiera críticas por apoyar una ley de gasto republicana en marzo.
Entre las principales demandas demócratas se encuentran la renovación de los subsidios de salud y el control sobre órdenes ejecutivas de Trump que restringen fondos aprobados por el Congreso para ayuda internacional y otros programas. Al negarse a aprobar la ley de gasto, los demócratas arriesgan que la opinión pública se frustre mientras el paro se prolonga.
Por su parte, Trump y sus asesores, como Russel Vought, consideran el cierre como una “oportunidad sin precedentes” para realizar más recortes en la fuerza laboral federal. La Casa Blanca incluso ha planteado la “penosa tarea” de despidos masivos y suspendió financiamiento federal para ciudades con liderazgo demócrata, como Nueva York y Chicago.
El impacto económico ya se siente: casi el 40 % de la fuerza laboral federal estará sin sueldo, lo que reducirá el gasto y paralizará actividades clave como permisos ambientales, aprobaciones de patentes y pagos a contratistas. Aunque la economía suele recuperar la actividad tras un cierre, la amenaza de despidos masivos aumenta el riesgo de un daño económico más duradero durante este paro de 2025.
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