La Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) condenó la decisión del gobierno israelí de declarar tierras en la Cisjordania ocupada como propiedad estatal, calificando la medida como una «grave escalada y una flagrante violación del derecho internacional». Según la ANP, estos actos representan un «intento abierto israelí de legalizar la expansión de los asentamientos» y la confiscación de tierras, poniendo en riesgo la seguridad y estabilidad de la nación.
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La ANP subrayó que la medida contradice los acuerdos previos y la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece que los asentamientos israelíes carecen de validez legal y constituyen una violación del derecho internacional. Esta acción, según las autoridades palestinas, ignora normas internacionales básicas y desafía la paz en la región.
Desde Palestina alertaron que clasificar las tierras de Cisjordania como territorios estatales bajo la autoridad israelí equivale a una anexión de facto, marcando el inicio de planes que buscan consolidar la ocupación mediante la expansión ilegal de asentamientos. Estas acciones, indicaron, socavan la soberanía y los derechos históricos del pueblo palestino.
Frente a esta situación, la ANP reafirmó que no otorgará legitimidad a la ocupación israelí, ni modificará el estatus legal e histórico de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza como territorios palestinos ocupados. “No aceptaremos ninguna imposición que atente contra nuestros derechos y nuestra tierra”, enfatizaron.
Asimismo, Palestina hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, en especial al Consejo de Seguridad de la ONU y al gobierno de Estados Unidos, para intervenir de inmediato, detener estas acciones y exigir que Israel cumpla con el derecho internacional. El movimiento Hamás también rechazó la medida, calificándola de «nula» y un intento de imponer prácticas colonialistas en la región.
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