El presidente interino de Perú, José María Balcázar, ha sido convocado por el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo a un juicio oral por el presunto delito de apropiación ilícita. El proceso judicial se fundamenta en irregularidades detectadas entre 2019 y 2022, periodo en el que Balcázar se desempeñó como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL). Según la investigación fiscal, el actual mandatario es acusado de no rendir cuentas sobre los fondos recaudados durante su gestión gremial, lo que pone bajo sospecha el manejo financiero de dicha institución antes de su llegada a la jefatura de Estado.
La audiencia principal ha sido programada para el próximo 16 de junio de 2026, con sesiones de continuación fijadas para los días 23 y 30 del mismo mes. Las diligencias podrán realizarse de manera virtual o presencial en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. El magistrado a cargo ha dictaminado la presencia obligatoria de Balcázar, bajo la advertencia de ser declarado reo contumaz y emitirse órdenes de captura a nivel nacional en caso de inasistencia, un escenario que agravaría la crisis institucional que atraviesa el país tras su reciente juramentación el pasado 18 de febrero.
Para determinar la responsabilidad penal del presidente, el juzgado ha dispuesto la comparecencia de testigos clave y la participación de un perito contable especializado. Estas pruebas técnicas y testimoniales serán determinantes para esclarecer si existió un manejo fraudulento de los activos del Colegio de Abogados. De acuerdo con la resolución judicial, el peritaje será la pieza fundamental que definirá si hubo un desvío de fondos, un hecho que empaña la trayectoria del mandatario y genera dudas sobre su idoneidad para liderar la transición política en Perú.
Este juicio surge en un contexto de extrema fragilidad, luego de que Balcázar asumiera la presidencia por sucesión constitucional tras ser elegido presidente del Congreso. La coincidencia de este proceso legal con el inicio de su mandato ha despertado una gran incertidumbre entre la ciudadanía y la prensa internacional, que cuestionan la estabilidad del Gobierno del Perú. Las próximas audiencias en Chiclayo marcarán el rumbo de su gestión interina, ya que el desenlace judicial de este caso de apropiación ilícita podría definir su continuidad en el cargo y el futuro democrático del país.
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