El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles en la ciudad de La Paz, generando una ola de reacciones y denuncias sobre la legalidad del procedimiento, ya que Arce se encuentra actualmente en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar declaraciones.
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La detención del exmandatario se enmarca en una investigación por el presunto desfalco al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc). La Fiscalía General del Estado lo acusa de la comisión de dos presuntos delitos: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Este caso se centra en la etapa en que Arce se desempeñó como Ministro de Economía y Finanzas, por lo que la Contraloría General del Estado detectó proyectos fantasmas y falta de documentación en el Fondioc. La acusación principal señala que Arce habría permitido el desembolso de dinero del Fondo a cuentas personales, causando un perjuicio de 200 millones de dólares al Estado boliviano a través de transferencias irregulares.
Reacción gubernamental
El arresto fue celebrado por el actual vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, quien felicitó públicamente a la Felcc y aseguró que el Gobierno de Rodrigo Paz cumplirá con que «todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia».
Sin embargo, la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció que Arce fue «secuestrado de manera totalmente ilegal» en el barrio Sopocachi, Prada relató que el exmandatario fue interceptado por «personas encapuchadas» sin que mediara una orden de aprehensión o notificación.
Además, advirtió que la detención «no se hizo bajo el debido proceso de una notificación o citación correspondiente», asimismo, argumentó que, por su calidad de expresidente, a Arce le correspondería un juicio de responsabilidades. La exministra señaló que la detención podría tener «motivaciones políticas» y expresó gran preocupación, pues no tenía conocimiento sobre el estado de Arce ni si había podido comunicarse con sus abogados, un derecho fundamental para cualquier ciudadano en Bolivia.
