El Parlamento venezolano dio luz verde a las bases estructurales de la nueva “Ley para el Fomento y Promoción del Cacao venezolano”. Durante la sesión ordinaria conducida por el primer vicepresidente del Legislativo, Pedro Infante, la plenaria validó un total de 44 puntos del informe presentado, logrando la aprobación en segunda discusión de los primeros 18 artículos del texto, mientras que el resto del articulado fue diferido para el próximo debate parlamentario.
Este instrumento jurídico introduce exigentes controles científicos, ambientales y sociales para dinamizar un rubro tradicionalmente afectado por la falta de incentivos y los embates del contrabando de baja calidad.
Ciencia y sustentabilidad: el escudo del cacao criollo
La normativa aprobada se enfoca de manera directa en la preservación de la pureza originaria del cacao nacional. A través del articulado, se ordena la creación del Programa Nacional de Mejoramiento Genético del Cacao, un órgano técnico que asumirá la tarea de elevar la productividad agraria, optimizar la resistencia de las plantaciones frente a plagas y enfermedades, y adaptar los cultivos a las realidades meteorológicas actuales.
La estrategia legislativa resalta por su enfoque socioecológico mediante las siguientes directrices:
- Resguardo de la identidad genética: Se declaran de carácter prioritario los bancos de germoplasma, espacios destinados a la propagación de variedades autóctonas y de híbridos de cacao criollo, bajo la gestión compartida entre el Estado y las comunidades organizadas, incluyendo a pueblos indígenas y afrodescendientes.
- Enfoque agroecológico regional: Las políticas de siembra y explotación responderán a las particularidades de cada suelo y cuenca hídrica, respetando las leyes de ordenación del territorio y mitigando los impactos de la emergencia climática global.
- Filtros sanitarios estrictos: Los actores de la cadena de valor quedan obligados a aplicar protocolos preventivos que reduzcan la presencia de metales pesados, trazas de plaguicidas o toxinas en las aguas y suelos, salvaguardando la microfauna nativa de las zonas de cultivo.
Justicia distributiva para las zonas rurales
Más allá del ámbito técnico, la ley busca saldar una deuda histórica con los pequeños productores del campo. El diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, enfatizó el rol estratégico que jugará esta legislación para transformar la realidad económica de los sectores rurales del país.
Faría subrayó que la propuesta nació de un proceso de consulta directa con el pueblo organizado. «Nosotros planteamos esta ley para que (…) no solamente produzcamos más, exportemos más, sino que desarrollemos una distribución justa de los recursos», aseveró el parlamentario, quien puntualizó que el principal objetivo social del instrumento es generar un impacto real y positivo en las finanzas de las familias que producen a pequeña escala en el interior de la república.
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