Un nuevo mural atribuido al artista Banksy apareció el lunes en la fachada del Royal Courts of Justice, en el centro de Londres, y rápidamente encendió la polémica. La obra, en el característico blanco y negro del artista con toques de rojo, mostraba a un juez con toga y peluca golpeando con un mazo a un manifestante tendido que sostenía una pancarta ensangrentada. Banksy confirmó la autoría en sus redes, pero horas después el tribunal lo cubrió con paneles opacos y desplegó vigilancia discreta en la zona.
¿Está el gobierno británico limitando el derecho a manifestar?
La intervención no es casual: llega en un contexto de crecientes tensiones por las protestas pro Palestina en el Reino Unido y medidas gubernamentales que, según críticos, han limitado el derecho a la manifestación. Para muchos activistas, la rapidez con la que se tapó el mural fue una acción de censura; desde la institución se alegó que se hace bajo el “mantenimiento del decoro institucional” y la protección de un edificio catalogado de grado I, que impide modificar su carácter histórico.
La Policía Metropolitana, además, anunció que el artista ha recibido una denuncia por daño criminal a la propiedad pública y confirmó que investiga el caso. Mientras se iniciaban las labores para retirar la pintura, las fotos publicadas por transeúntes dieron a la pieza un aire casi fantasmagórico. Este episodio remite a otras intervenciones de Banksy sobre el conflicto palestino —como los murales en el muro de Cisjordania o el Walled Off Hotel en Belén— pero esta vez la crítica apunta directamente al aparato judicial británico desde su propio símbolo.
Para algunos juristas y activistas, la obra evidencia una tensión entre la protección del patrimonio y la libertad de expresión; para otros, el acto es simple vandalismo sobre un inmueble protegido. En cualquier caso, la aparición y el veloz tapado del mural plantean preguntas sobre quién decide qué arte se preserva y qué se borra, y sobre los límites entre protesta, legalidad y censura.
Fuente: ABC
366°/PG/OBP
