La reforma del aparato estatal venezolano entra en una fase decisiva. La Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno Nacional avanzó este jueves en su ciclo de consultas sectoriales, sosteniendo un encuentro clave con los movimientos sociales del país para consolidar la propuesta definitiva que se presentará ante el Ejecutivo.
Durante la jornada, celebrada en Caracas, el presidente de la comisión, Héctor Rodríguez, admitió abiertamente los desafíos internos que enfrenta este proceso. A través de su canal de Telegram, el funcionario advirtió que la reestructuración del Estado es una «tarea conjunta» que requerirá desactivar la resistencia al cambio dentro de la propia administración pública.
«Habrá que superar algunas trabas institucionales, producto de una inercia en la burocracia que hay que vencer», señaló Rodríguez, fijando una postura clara frente a los vicios burocráticos.
Un enfoque orientado a soluciones reales
Frente a las delegaciones populares, Rodríguez instó a propiciar un “debate sincero, honesto y donde todo el mundo dialogue”. Asimismo, enfatizó que el éxito de esta instancia no radicará en acumular diagnósticos sobre los problemas existentes, sino en la capacidad colectiva para “construir soluciones viables” y eficientes.
Con el objetivo de descentralizar el diseño de la reforma, el presidente de la comisión ordenó el despliegue de una consulta pública, permanente y adaptada a las particularidades de cada región:
- Inclusión sectorial: La convocatoria abarca a comunidades pesqueras, campesinos, organizaciones de mujeres, movimientos afrodescendientes, jóvenes, profesionales y técnicos.
- Legitimidad de base: Se busca articular una dinámica con fuerza territorial que permita alcanzar el mayor consenso posible.
Antecedentes del proyecto
Esta comisión presidencial fue creada el pasado 26 de mayo por disposición de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La iniciativa surge con el propósito de ejecutar una reingeniería institucional profunda que adapte las estructuras del Gobierno «a la nueva realidad de Venezuela», optimizando la gestión pública en beneficio de la ciudadanía.
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