La Alianza Pueblo Unido por la Vida alertó sobre un incremento en la represión por parte del Gobierno del presidente Raúl Mulino. En una conferencia de prensa, las organizaciones sociales denunciaron graves violaciones a los derechos humanos contra sindicatos, comunidades originarias y grupos populares en varias regiones del país.
Según la Alianza, el Estado panameño está llevando a cabo una persecución judicial sistemática, especialmente en la provincia de Bocas del Toro. Allí, se reportan incidentes de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales, ocurridos durante el estado de emergencia declarado por el gobierno.
La organización manifestó su apoyo a diferentes gremios, como el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), sindicatos de profesores, gremios bananeros y comunidades indígenas. Sin embargo, denunciaron que más de 120 líderes y líderes sociales enfrentan procesos legales sin fundamentos jurídicos sólidos, además de esfuerzos por desaparecer estos sindicatos históricos.
Yamir Córdoba, portavoz de la Alianza, afirmó que “estamos ante una ofensiva autoritaria sin precedentes. No solo buscan encarcelar a líderes sociales, sino eliminar las organizaciones que representan al pueblo”. Por ello, la Alianza anunció que sus reclamaciones serán elevadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considerando que Panamá, como signatario de varios convenios internacionales, tiene la obligación de respetar los derechos humanos y laborales.
“La intervención internacional es una herramienta legítima para frenar esta política de persecución”, señalaron. Finalmente, la organización rechazó la Ley 462, calificándola como represiva y contraria a la Constitución. Aseguraron que la resistencia y movilización social seguirán hasta lograr su derogación.
Fuente: Telesur
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