El panorama judicial y político en España sufrió un revés este lunes con la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz presentada al ministro de Justicia, Félix Bolaños, después de que el Tribunal Supremo lo condenara la semana pasada a dos años de inhabilitación por la filtración de datos sensibles relacionados con una causa judicial.

    La condena se relaciona con la filtración de un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien está implicado en un presunto delito fiscal. García Ortiz fue inhabilitado para su cargo e impelido a pagar una indemnización de 10.000 euros por daños morales al empresario, además de cubrir los gastos del juicio.

    Aunque el Supremo aún tiene pendiente hacer públicos los argumentos de su fallo, el juicio generó gran polémica, ya que el exfiscal general negó haber sido la fuente de la filtración del correo, en el que el abogado de González Amador reconocía dos delitos contra Hacienda buscando un acuerdo. A su vez, los periodistas que declararon en la causa también negaron que García Ortiz fuera su fuente.

    El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó el domingo su apoyo a García Ortiz, declarándolo inocente y discrepando abiertamente del fallo del Tribunal Supremo, además, tanto el Gobierno como sus aliados parlamentarios criticaron la decisión judicial.

    En ese sentido, la oposición, representada por el Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox, se mostró a favor de la condena, sin embargo, el fallo judicial no fue unánime, debido al voto en contra de dos de los siete magistrados que componen el tribunal.

Fuente: Telesur

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