La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia confirmó la condena de 18 años y seis meses de prisión contra Amcizar de Jesús Amaya Hernández, ciudadano colombiano que operaba una fábrica artesanal de armas de fuego en el sector Carapita, al oeste de Caracas, según la sentencia número 174 publicada el pasado 23 de marzo.
Amaya fue detenido el 4 de diciembre de 2024 por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la División Contra Terrorismo. Al momento de su captura, los funcionarios le incautaron un arma de fabricación no industrializada, modelo Igram, calibre 9 mm, sin marca serial y dos cargadores. El detenido declaró a los agentes que pensaba comercializar esa arma, la cual había construido en su taller de Carapita donde residía.
En el taller de herrería ubicado en la parte superior de su vivienda, las autoridades hallaron otra arma de fuego similar con silenciador, así como máquinas para soldar, taladros, electrodos, segmentos de metal y herramientas para la fabricación de armas. También se determinó que la cédula de identidad que portaba el detenido era falsa.
El juicio culminó el 4 de octubre de 2024 con un fallo condenatorio por los delitos de tráfico ilícito de armas y municiones, fabricación ilícita de armas y uso de documento falso. La defensa agotó los recursos de apelación y casación, pero la Sala Penal desestimó los argumentos del abogado Pastor Solórzano y dejó firme la sentencia.
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