Durante una inspección oficial en la finca Vivoyet, epicentro de la minería ilegal en Crucitas, la presidenta Laura Fernández y un grupo de diputados fueron retirados de urgencia tras escucharse una fuerte explosión. El suceso, calificado por los testigos presentes como una escena dramática, activó un despliegue militar inmediato que blindó a la mandataria en un vehículo oficial para garantizar su salida segura. Pese a la magnitud del evento, las autoridades reportaron que no hubo heridos graves, aunque el personal presente recibió atención médica preventiva por crisis hipertensivas y agotamiento físico.
Al retomar su agenda en un sector más seguro, la jefa de Estado fue enfática al denunciar que la amenaza del crimen organizado en la zona requiere una acción gubernamental drástica. La visita tenía como propósito fundamental confrontar la proliferación de minería extractiva que, en los últimos años, ha expandido su huella depredadora de 800 a 3.000 hectáreas, contaminando fuentes de agua vitales. Fernández reafirmó que el Estado costarricense no cederá ante los grupos delictivos que hoy mantienen bajo asedio el patrimonio natural y la seguridad del distrito de Cutris.
En su búsqueda por restaurar el orden, el Ejecutivo mantiene firme su hoja de ruta para legalizar la minería técnica y desplazar permanentemente a las mafias que operan en la región. El plan contempla la transición hacia un modelo donde empresas especializadas operen bajo supervisión estatal, garantizando ingresos al fisco y frenando el daño ambiental irreversible provocado por la explotación ilícita. Con este incidente, el Gobierno marca un precedente sobre la seriedad de su compromiso para erradicar el control criminal sobre este estratégico territorio nacional.
360/AP/DRR
