La presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, oficializó la creación de la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, una medida que responde directamente a un pedido histórico del pueblo venezolano. Durante el acto de ratificación, Rodríguez destacó que esta iniciativa busca transformar radicalmente todos los aspectos del acceso a la justicia en el país, asegurando que el proceso sea oportuno y sin ningún tipo de discriminación. La mandataria fue enfática al señalar que, aunque se han logrado avances, la deuda con la celeridad procesal es impostergable, por lo que hizo un llamado urgente a corregir los vicios y desviaciones de poder que persisten en diversos organismos del Estado.
El objetivo central de esta reforma es que el sistema de justicia nacional se ajuste estrictamente a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución Bolivariana. Este mandato constitucional garantiza a toda persona el acceso a órganos de administración de justicia gratuitos, imparciales y autónomos, con el fin de obtener decisiones prontas y sin reposiciones inútiles. Al respecto, el Ejecutivo instó a los organismos competentes a trabajar de forma coordinada para atender las quejas cotidianas de los ciudadanos, buscando que la transparencia y la equidad sean los pilares fundamentales de esta nueva etapa del Poder Judicial.
En el marco de la reconciliación nacional, la presidenta (E) también ofreció un balance sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, la cual ha favorecido hasta el momento a 8 mil 616 personas con libertad plena. Rodríguez comparó favorablemente los resultados de este instrumento jurídico con los de otros países, resaltando que la normativa venezolana está cimentada en el perdón y la paz, incluso para aquellos ciudadanos que se encuentran en el exterior. Para los casos que no calificaron dentro de la amnistía, se recordó la existencia de otros espacios de canalización institucional diseñados para fortalecer el tejido social y el diálogo político.
Finalmente, el encuentro subrayó la unidad de los poderes públicos al contar con la presencia de figuras clave como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y el fiscal general, Larry Devoe. La participación de ministros y coordinadores de programas de convivencia democrática, como Diosdado Cabello y Ernesto Villegas, reafirma el compromiso del Estado de avanzar hacia un modelo de justicia que no solo castigue el delito, sino que promueva activamente la paz social y la convivencia armónica entre todos los sectores de la vida nacional.
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