El gobierno de Donald Trump anunció la suspensión indefinida del trámite de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, medida que entrará en vigencia el próximo 21 de enero. La decisión se apoya en la polémica norma de «carga pública», con la que Washington argumenta que ciertos migrantes podrían representar un riesgo para los recursos del Estado.
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La restricción impacta con fuerza a América Latina y el Caribe, al incluir en la lista a países como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, además de varias naciones caribeñas. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que la política busca detectar a extranjeros que, según la Casa Blanca, podrían «explotar la generosidad» del país mediante el uso de ayudas sociales.
La medida también se extiende a ciudadanos de regiones de Europa, África y Asia, como Rusia, Egipto, Afganistán, Irán, Irak, Nigeria y Yemen. Al limitar específicamente las visas de inmigrante, vinculadas al trabajo y la residencia permanente, la administración Trump frena procesos de reunificación familiar y proyectos de vida de miles de personas.
No obstante, el Departamento de Estado aclaró que la suspensión no incluye, por ahora, las visas de no inmigrante, como las de turismo o estudio, una decisión asociada a evitar impactos económicos de cara a la Copa del Mundo que se celebrará este año en Estados Unidos.
Analistas señalan que esta política profundiza el endurecimiento migratorio iniciado en 2025 y refuerza una visión restrictiva de la movilidad humana, alineada con los intereses políticos de la Casa Blanca.
Fuente: Medios Internacionales
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