La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei en una sesión marcada por fuertes tensiones políticas y un operativo de seguridad para contener a manifestantes que protestaban frente al Congreso. La medida obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones, y ahora debe pasar al Senado para su tratamiento final, tras eliminarse el artículo que contemplaba la reducción salarial durante licencias por enfermedad. La votación reflejó la profunda división tanto en el Parlamento como en la sociedad argentina.
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Desde el oficialismo celebraron la aprobación como un avance hacia la “modernización” del mercado laboral. Por su parte, bloques opositores, sindicatos y organizaciones sociales criticaron la reforma, describiéndola como un retroceso que amenaza derechos históricos del movimiento obrero.
Durante el debate, el diputado Sergio Palazzo advirtió que bajo el argumento de actualizar la normativa laboral “se esconde una regresión severa en materia de derechos”. Legisladores de izquierda y sectores progresistas señalaron que la reforma privilegia los intereses empresariales sobre la protección de los trabajadores.
Entre los aspectos más polémicos, la ampliación de las actividades consideradas esenciales llamó la atención. Con esta modificación, en caso de huelga se deberá garantizar entre el 50 % y el 75 % de los servicios, lo que, según críticos, limita el alcance real del derecho a la protesta. Además, la reforma endurece las sanciones frente a ocupaciones de establecimientos y acciones sindicales que interfieran con la llamada “libertad de trabajo”, un punto que preocupa a dirigentes gremiales y organizaciones sociales.
En el terreno contractual, la ley introduce cambios en el esquema de indemnizaciones por despido, permite sistemas de banco de horas que extienden la jornada laboral hasta 12 horas diarias y crea la figura de “prestadores independientes” para trabajadores de plataformas digitales. Especialistas advierten que estas medidas podrían debilitar el acceso a derechos laborales básicos y precarizar aún más las condiciones de empleo.
Fuente: Medios Internacionales
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