La Contraloría General de la República informa que, hasta el 31 de julio, los altos funcionarios, servidores públicos y miembros de organizaciones sociales deben actualizar su Declaración Jurada de Patrimonio (DJP). Este proceso, obligatorio por ley, también aplica a miembros de Consejos Comunales, voceros del Banco Comunal, y directivos de organizaciones sindicales y gremiales.
El Contralor General, Gustavo Vizcaíno Gil, destacó la importancia de cumplir con esta obligación legal, resaltando que la plataforma para ingresar está disponible las 24 horas, desde cualquier dispositivo —PC, laptop o celular. Además, se habilitó un número telefónico (0800 – Declara) para recibir asistencia en caso de dificultades durante el trámite.
Aproximadamente 182,342 servidores públicos están llamados a cumplir con esta actualización, que puede realizarse en la Sala Situacional de la CGR o a través del Sistema Nacional de Control Fiscal. El incumplimiento puede acarrear sanciones económicas y, en caso de reincidencia, la suspensión o inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El contralor recordó que es fundamental aprovechar esta oportunidad para cumplir con la ley y evitar sanciones. La fecha límite, definida por la ley, es el 31 de julio.
Fuente: Prensa CGR
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