Honduras continua enfrentando una crisis política luego de que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunciara la consumación de un fraude institucional. Según el funcionario, el organismo declaró concluidas las elecciones generales del pasado 30 de noviembre a pesar de mantener un escrutinio incompleto, afectando especialmente al Distrito Central, donde 435 actas de Tegucigalpa quedaron sin procesar, lo que Ochoa califica como un robo a la voluntad popular.
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La denuncia apunta a una maniobra del bipartidismo para retrasar deliberadamente el recuento especial en el municipio de mayor peso electoral del país. Esta situación se suma a la controversia ocurrida el pasado 24 de diciembre, cuando se proclamó a Nasry Asfura como presidente electo sin contabilizar más de 300 actas. En la capital, el alcalde Jorge Aldana sostiene que existe un plan coordinado para imponer a su contrincante sin completar la revisión técnica de las juntas receptoras de votos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respaldó las denuncias de «múltiples irregularidades» señaladas por consejeros suplentes, quienes reportaron fallas en el sistema de transmisión de resultados (TREP), manipulación de software y la eliminación del cruce biométrico. Ante este escenario, Redondo calificó la declaratoria del CNE como «ilegal» y sugirió que, amparado en la Constitución, correspondería al pleno del Congreso realizar el escrutinio oficial para garantizar la transparencia que el ente electoral ha omitido.
Finalmente, una auditoría externa identificó 61 municipios con márgenes de diferencia menores al 5 %, recomendando un escrutinio especial para asegurar la legitimidad de los resultados. Ante la gravedad de los hallazgos, que incluyen inconsistencias en más de 16,000 actas, diversos sectores han hecho un llamado al Ministerio Público y a la comunidad internacional para iniciar una investigación rigurosa que proteja la democracia hondureña y el respeto a las urnas.
Fuente: Telesur
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