La tensión política en Bolivia ha cruzado el punto de no retorno. En un movimiento que amenaza con incendiar definitivamente las calles, un tribunal de Tarija ha declarado en estado de rebeldía al expresidente Evo Morales Ayma, lanzando contra él una orden de captura inmediata y arraigo nacional. La justicia busca forzar su comparecencia por un polémico caso de presunta trata de personas, reactivando un expediente que el líder indígena califica como una «sentencia política ejecutada de antemano».
El choque: Entre el estrado y la persecución
Mientras el Ministerio Público ordena a la Policía Nacional una cacería legal para dar con el paradero de Morales, su defensa denuncia un «linchamiento judicial». Los abogados del exmandatario sostienen que el proceso está viciado de nulidad, al no haberse cumplido con las notificaciones legales básicas. Para el «evismo», esta no es una causa penal, sino un intento de decapitar políticamente al movimiento popular en su momento de mayor agitación.
Un país sitiado por la furia popular
La orden de aprehensión ha caído como gasolina sobre un país que ya se encontraba en llamas. Bolivia no solo enfrenta esta crisis judicial, sino que se encuentra bajo el asedio de un paro nacional masivo contra el gobierno de Rodrigo Paz.
- Bloqueos y parálisis: Las principales arterias viales del país permanecen cortadas por sectores sociales que ven en la captura de Morales el último clavo en el ataúd de la democracia boliviana.
- La batalla de El Alto: Para este martes 12 de mayo, se anticipa un escenario de confrontación total. El sector docente ha convocado a una marcha masiva en la combativa ciudad de El Alto, donde la exigencia de mejores salarios se ha fusionado ahora con el grito de resistencia contra la persecución política.
Incertidumbre total
Con el arraigo nacional vigente, Evo Morales tiene prohibido abandonar el suelo boliviano, quedando atrapado en un laberinto legal que podría terminar en su encarcelamiento en las próximas horas. La movilización popular se declara en alerta máxima, y el gobierno de Paz enfrenta el desafío de ejecutar la captura sin provocar un estallido social de consecuencias incalculables.
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