Una revelación reciente profundiza las dudas sobre el alcance de las operaciones encubiertas contra Venezuela. Un trabajo investigativo difundido por Misión Verdad, basado en documentos publicados en Estados Unidos, expone cómo circularon en Washington propuestas que planteaban el uso de armas biológicas, sabotaje y acciones desestabilizadoras contra el país.
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Lo inquietante: esos planes no solo fueron elaborados por operadores vinculados a la oposición extremista, sino que llegaron hasta oficinas de alto nivel político.
El reportaje original, firmado por la periodista Maureen Tkacik en The American Prospect, reveló un documento de 29 páginas enviado en su momento a la oficina del entonces vicepresidente estadounidense Mike Pence. La propuesta, elaborada por el grupo Virtual Democracy —entramado asociado al llamado “interinato” y a consultoras de inteligencia— describía una ruta de agresión que combinaba sabotaje económico, terrorismo a infraestructura y operaciones biológicas destinadas a afectar directamente a la población venezolana.
Según la publicación, entre los puntos más escalofriantes del plan se incluía la “contaminación con hepatitis (A, B y C), influenza, sarampión y lechón en clubes sociales donde se reúnen altos funcionarios”, así como la generación de un “paro forzado del transporte público y privado” para provocar un colapso nacional.
Estos elementos, lejos de representar simples amenazas, se integraban en una estrategia mayor que buscaba precipitar un cambio de régimen mediante presión sanitaria, económica y militar. El documento proponía incluso la sustitución de la Constitución por un texto “federalista” que prohibiera el socialismo, acompañado de entrenamientos paramilitares en Carolina del Norte.
¿Omisión o complicidad institucional?
El economista Francisco Rodríguez, citado en la investigación reseñada por Misión Verdad, subraya que el contenido del plan constituye una violación directa de la ley federal 18 USC §175, que sanciona la planificación de ataques biológicos con penas que pueden llegar a cadena perpetua. Para Rodríguez, estas evidencias muestran que “grupos venezolanos en el exilio violaron la ley estadounidense al planificar ataques biológicos desde suelo estadounidense”.
El hecho de que el documento llegara a la oficina de Pence plantea preguntas cruciales:
¿Hubo reuniones oficiales con los operadores?
¿Se dio seguimiento o financiamiento?
¿La propuesta fue remitida a las autoridades competentes?
Sino hubo notificación a los órganos de seguridad, señala Rodríguez, se trataría de una “grave violación del deber institucional”. Y si en cambio existió algún nivel de interacción, las implicaciones legales serían aún más profundas.
Una pieza más del engranaje de agresión
La investigación también conecta este plan biológico con un contexto más amplio: el negocio que surgió alrededor de las sanciones contra Venezuela, los ataques a infraestructura (como el ocurrido en la Central Hidroeléctrica del Guri en 2019) y el despojo de activos como CITGO.
Maureen Tkacik detalla que la oposición extremista, respaldada por Washington, administró recursos multimillonarios sin supervisión, mientras que actores como la USAID desembolsaron más de 2.300 millones de dólares entre 2017 y 2021 para financiar a sectores opositores. Paralelamente, creció una industria entera de consultores, cabilderos y operadores que obtenían enormes beneficios del régimen de sanciones: una “industria artesanal de 30 mil millones de dólares”, según el reportaje.
Incluso figuras como el operador político Martín Rodil —acusado en Europa de extorsión— se beneficiaron de este ecosistema, obteniendo “no menos de 20 millones de euros” aprovechando la criminalización del comercio venezolano.
Más que un documento: un síntoma estructural
Para Misión Verdad, la revelación del plan con armas biológicas contra Venezuela no es un caso aislado, sino la expresión más extrema de un esquema que combina presión financiera, sabotaje, despojo de activos y tácticas clandestinas. El documento enviado a Pence demuestra que acciones que constituyen potenciales crímenes de lesa humanidad circularon sin freno en el sistema político estadounidense.
Fuente: Misión Verdad
360°/KR/CV
