El Palacio de Miraflores se convirtió en el epicentro de la agenda política nacional con la presentación del primer balance oficial sobre la aplicación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. La presentación estuvo a cargo de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, quien colocó sobre la mesa los avances de este instrumento legal concebido para cimentar la reconciliación y la paz social.
El evento sirvió de tribuna para reafirmar los objetivos medulares de la ley dictada el pasado 19 de febrero de 2026: abrir canales efectivos para la participación política plural, asegurar el respeto a las corrientes diversas y facilitar la reinserción civil de aquellos ciudadanos procesados o condenados por motivaciones de índole política.
Para blindar institucionalmente el informe, Rodríguez estuvo acompañada por figuras clave del Estado, incluyendo a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN); Larry Devoe, fiscal general de la República; Egleé González Lobato, defensora del pueblo; y Jorge Arreaza, quien lidera la Comisión Especial para el Seguimiento de esta ley.
Criterios humanitarios en marcha
Uno de los puntos más relevantes del encuentro conectó con las proyecciones adelantadas por el Parlamento. En ese sentido, se ratificó el plan de excarcelación paulatina de unas 300 personas adicionales, programado para concretarse a mediados de mayo.
Este flujo de liberaciones responde a evaluaciones minuciosas basadas en:
- Criterios de edad avanzada.
- Condiciones de salud diagnosticadas.
- Razones estrictamente humanitarias.
Se detalló además que este grupo abarca de manera prioritaria a agentes pertenecientes a la extinta Policía Metropolitana, así como a personas vinculadas jurídicamente al sector petrolero nacional.
Con la ejecución de esta política, el Poder Público venezolano busca enviar una señal de estabilidad y compromiso con la normalización del escenario político, apostando a la convivencia democrática como eje de la gobernabilidad.
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