El Departamento del Tesoro estadounidense emitió este viernes la Licencia General 61 a través de su oficina OFAC. El nuevo instrumento legal habilita la compra de bienes, tecnología y asistencia técnica enfocada en el sector de telecomunicaciones. Esta disposición flexibiliza los marcos regulatorios vigentes para permitir la entrada de proveedores internacionales en el mercado nacional.

​La medida gubernamental autoriza transacciones directas con instituciones públicas como Conatel y la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. Los permisos vigentes abarcan trabajos de instalación, reparación, funcionamiento y actualización de infraestructura estratégica. Asimismo, el texto incluye el mantenimiento de redes de telefonía, televisión, conectividad a internet, frecuencias radiales y cables submarinos. La norma busca modernizar los servicios de telecomunicaciones en la geografía venezolana.

​Requisitos regulatorios y limitaciones para las firmas de telecomunicaciones

​El marco jurídico establece que cualquier contrato suscrito bajo este permiso deberá regirse formalmente por las leyes estadounidenses. Por su parte, la resolución de eventuales disputas legales quedará reservada exclusivamente a juzgados de Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. Esta exigencia legal aplica para todas las empresas privadas que presten servicios de telecomunicaciones en el país.

​El permiso gubernamental prohíbe de manera explícita el pago de operaciones comerciales mediante criptomonedas como el petro o transferencias en oro. Adicionalmente, el documento prohíbe la creación de empresas mixtas y veta cualquier vínculo comercial con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China. Con estas restricciones, las autoridades delimitan la participación de capitales extranjeros en el área de telecomunicaciones.

​Finalmente, las entidades o inversionistas que concreten negocios deberán notificar formalmente al Departamento de Estado en un plazo de diez días. Posteriormente, las compañías tendrán la obligación de consignar informes de seguimiento cada noventa días durante el desarrollo de sus actividades. El seguimiento estricto permitirá monitorear el cumplimiento de los parámetros fijados en el ámbito de telecomunicaciones.

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