En un giro hacia la reestructuración del sistema de justicia venezolano, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció este lunes un plan de depuración administrativa y clausura de centros de detención que calificó como «inhabitables».
El vocero utilizó la emblemática y antigua sede policial «Zona 7» como el principal contraejemplo de una realidad que, según sus declaraciones, el Ejecutivo busca dejar atrás. «Eso era un centro de hacinamiento, era un sitio de ultraje; hoy es otra cosa», enfatizó Cabello, justificando la necesidad de clausurar progresivamente aquellos espacios que vulneren la dignidad de los reclusos.
Radiografía del retraso procesal: El peso de la Defensa Pública
El núcleo del anuncio giró en torno a la vulnerabilidad económica de la población carcelaria. Cabello reveló un dato clave que define el perfil de los centros de reclusión en el país: el 70% de los privados de libertad depende exclusivamente de la Defensa Pública al no contar con recursos para costear abogados privados.
Ante este panorama, la estrategia oficialista se centra en dos frentes inmediatos:
- Saneamiento burocrático: Erradicar las inconsistencias en los registros y asegurar la transparencia de los expedientes. «Todo debe coincidir. El expediente tiene que aparecer», sentenció el dirigente, apuntando a los vicios administrativos internos.
- Agilización de causas: Revisión inmediata de más de 12.000 casos que se encuentran pendientes de juicio y el traslado definitivo de los ya sentenciados a los centros de reclusión formales.
Una coalición institucional bajo el ala legislativa
Lejos de presentarlo como una tarea unilateral, el secretario general del PSUV subrayó que el éxito de esta reforma judicial radica en una «articulación institucional». No obstante, dejó claro dónde reside el peso operativo del proceso.
Aunque instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) forman parte de la mesa técnica, Cabello otorgó el protagonismo absoluto a los diputados de la Asamblea Nacional, señalándolos como el motor político y técnico que lidera el despliegue en el territorio.
Con estas medidas, la tolda oficialista busca proyectar un mensaje de control y ordenamiento en un área históricamente crítica, intentando sustituir el viejo modelo de reclusión por un engranaje institucional que responda con mayor velocidad a los procesados de menores recursos.
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