El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ratificó ante el Senado la reclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, revirtiendo así la salida de la isla ordenada por la Administración de Joe Biden al cierre de su mandato. Rubio justificó la medida afirmando que La Habana mantiene su respaldo histórico a guerrillas de izquierda radical en la región, como el ELN y las disidencias de las FARC en Colombia. Asimismo, elevó la alerta geopolítica al asegurar que el territorio cubano alberga una red de instalaciones de inteligencia que operan activamente en beneficio de China y Rusia.
Por su parte, el Gobierno cubano rechazó de inmediato estos señalamientos por considerarlos infundados y denunció que forman parte de una campaña de asfixia orquestada por la Administración de Donald Trump. Desde La Habana se vincula esta ofensiva con el severo bloqueo petrolero que estrangula la economía de la isla y con las recientes advertencias de Washington sobre «tomar el control» del país. Las autoridades isleñas alertaron que estas acusaciones buscan fabricar un pretexto para una agresión militar, insistiendo en que el rumbo de la nación es estrictamente soberano.
A pesar de la retórica hostil y el recrudecimiento de las sanciones, ambos gobiernos mantienen abiertos canales discretos de comunicación para negociar una salida a la crisis. Mientras la Casa Blanca utiliza la presión económica y los desafíos de seguridad como herramientas de fuerza, Cuba se mantiene firme en su postura de que cualquier transformación interna será decidida exclusivamente por su pueblo, sin admitir tutelas ni interferencias extranjeras.
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