El engranaje de asistencia humanitaria que las Naciones Unidas despliega en Cuba se encuentra virtualmente semiparalizado. Un entramado de factores logísticos, derivados directamente de la política de máxima presión de Washington y la reciente Orden Ejecutiva del 1 de mayo, mantiene retenidas o bajo distribución lenta cerca de 20.000 toneladas de alimentos en un momento donde la isla registra niveles críticos de necesidad social y energética.
El corazón del problema radica en un doble bloqueo: la falta de diésel dentro de la isla y el veto corporativo en los mares. En los puertos cubanos y almacenes del país, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ve frenada la distribución de 19.000 toneladas de provisiones básicas. Paralelamente, agencias como Unicef y el PNUD batallan a cuentagotas para liberar decenas de contenedores varados en los muelles debido a un déficit operativo de 5 millones de litros de diésel que la ONU no ha podido conseguir de forma segura ni eficiente en el mercado exterior.
El repliegue de las navieras internacionales
El desafío humanitario ya cruzó las fronteras cubanas. Tras la última ampliación de las sanciones estadounidenses que penalizan a corporaciones con nexos en la isla, gigantes del transporte marítimo como la firma francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd decidieron suspender preventivamente la recepción de cargamentos hacia Cuba.
Esta retirada comercial ha dejado en el limbo miles de toneladas métricas de alimentos que el organismo internacional ya había adquirido o comprometido en los mercados internacionales, los cuales permanecen varados en puertos extranjeros ante la imposibilidad de encontrar rutas de embarque. Lo que comenzó como una presión política hacia el Estado cubano está impactando directamente la capacidad operativa de la ONU para mitigar la crisis alimentaria de la población.
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