En un movimiento estratégico para agilizar la gestión pública, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció una profunda reforma dentro del Ejecutivo nacional y el inicio de una consulta digital masiva para que la población denuncie los nudos burocráticos que frenan la economía y los trámites cotidianos.
Desde el Palacio de Miraflores, durante el Consejo de Ministros, Rodríguez oficializó la firma de dos decretos clave:
- Reforma institucional: El vicepresidente sectorial, Héctor Rodríguez, asume como comisionado presidencial para la reestructuración y reingeniería del gobierno. Junto al Ministerio de Planificación, diseñará en 90 días la nueva estructura del Estado.
- Lupa financiera: La ministra Anabel Pereira será la comisionada para la gestión eficiente, aplicando un riguroso control administrativo y financiero para acelerar los resultados institucionales.
Control ciudadano a los organismos públicos
La gran novedad de este anuncio es la apertura de una ventana de 15 días en el portal simplifica.gob.ve. El objetivo es que cualquier ciudadano o emprendedor exponga las trabas que sufre en el día a día.
La mandataria encargada fue directa al señalar que la revisión irá directo a los procesos más críticos de la identidad y el comercio, poniendo el foco sobre tres entes fundamentales: el Saime, el Saren y el INTT, con el fin de eliminar las trabas que asfixian a quienes intentan levantar un negocio o gestionar sus documentos civiles.
Producción al alza y contingencia climática
En el balance económico, Rodríguez aplaudió la resistencia de los sectores de hidrocarburos, pesca y agroindustria, afirmando que el modelo productivo actual va «desde el conuco hasta la gran industria» y acumula cinco años de crecimiento sostenido a pesar de las sanciones internacionales.
Por otra parte, la presidenta encargada reconoció la fuerte presión que sufren los servicios públicos debido a una ola de calor que ha disparado el consumo de agua y electricidad a niveles inéditos en una década. Para mitigar los impactos, el Ejecutivo coordina con clínicas privadas un plan de atención quirúrgica, mientras se prepara el terreno para el próximo 1 de junio, fecha en la que arrancará la consulta nacional para la reforma de la justicia penal.
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