Como un avance notable para los derechos humanos y las garantías procesales en el país, calificó la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, las recientes excarcelaciones concedidas en el caso PDVSA-Amuay.
El pronunciamiento de la máxima autoridad defensorial ocurre tras sostener una reunión clave en su despacho con las esposas y familiares de los trabajadores procesados en la causa PDVSA-Obrero, la cual abarca a personal de los estados Falcón, Anzoátegui, La Guaira y Caracas. Durante el encuentro, el grupo de familiares consignó un informe pormenorizado sobre la situación jurídica actual de cada uno de los detenidos que aún esperan por resolución.
Para González Lobato, la aplicación de estas medidas de libertad no solo valida el marco legal, sino que impulsa la gestión de la Defensoría del Pueblo. «Esto nos motiva a seguir avanzando con mayor firmeza», apuntó, destacando que el camino idóneo sigue siendo el entendimiento entre los diferentes poderes del Estado.
Puertas abiertas para las familias
Además de celebrar el dictamen judicial, la Defensora ratificó que la institución no dejará solas a las madres y esposas que lideran estas peticiones. Prometió un seguimiento riguroso y un respaldo inquebrantable en las fases venideras del proceso.
“Nuestra labor no se detiene aquí. Seguiremos activando todos los mecanismos institucionales a nuestro alcance para evaluar cada caso pendiente”, sentenció González Lobato, reiterando que la Defensoría mantendrá sus puertas abiertas como un espacio de apoyo continuo para las familias afectadas.
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