El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fijó una postura tajante sobre los límites de la diplomacia de Estado y la justicia interna, al revelar que el ciudadano colombiano Álex Saab mantiene vínculos con agencias estadounidenses desde el año 2019.
Rodríguez aclaró de forma contundente que haber formado parte de un proceso de repatriación o canje internacional no otorga inmunidad jurídica en Venezuela. En este sentido, precisó que cualquier implicado en ilícitos deberá responder de manera individual ante los tribunales, independientemente de los acuerdos políticos previos o de su militancia.
Purga en el sistema de justicia y combate al fraude financiero
Durante su intervención, el jefe del Parlamento ratificó el inicio de una reestructuración profunda en el aparato judicial venezolano, orientada a procesar penalmente a jueces y fiscales vinculados a redes de corrupción.
Asimismo, Rodríguez rechazó los cuestionamientos que califican como persecución política la detención de funcionarios opositores capturados en flagrancia. En contraparte, exigió responsabilidades por la administración de los activos de Citgo y Monómeros en el exterior, señalando una gestión irregular de los fondos públicos bajo el interinato de Juan Guaidó.
Otorgamiento de medidas humanitarias
Paralelamente, la presidencia del Legislativo oficializó una medida de gracia procesal que beneficiará a 300 ciudadanos en los próximos días. La decisión responde a criterios estrictamente humanos, enfocados en variables de salud crónica y rangos de edad avanzada.
El plan de excarcelaciones amparará a:
- Adultos mayores (grupos de más de 60 y 70 años).
- Menores de edad, mujeres embarazadas y madres lactantes.
- Internos con patologías médicas complejas debidamente certificadas.
- Casos de alta sensibilidad histórica y social, entre los que destacan los expolicías metropolitanos del año 2002, además de las ciudadanas Samantha Hernández y Mary Perfecta Torres.
Finalmente, Rodríguez exhortó a los bloques de oposición a ejercer una contraloría responsable y a formalizar denuncias ante cualquier irregularidad administrativa, garantizando para ello el respaldo y resguardo de las instituciones públicas.
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