En un nuevo episodio de hostilidad y en su afán por asfixiar al pueblo cubano, el Gobierno estadounidense de Donald Trump activó este lunes una serie de medidas coercitivas unilaterales contra nueve altos funcionarios de la isla y la Dirección de Inteligencia de Cuba. Las penalizaciones, ejecutadas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, forman parte de la estrategia de Washington para quebrar la soberanía de la nación caribeña por el simple hecho de no subordinarse a sus intereses imperiales.
Desde La Habana, el Gobierno revolucionario denunció este nuevo atropello como un acto «genocida» y total, que atenta directamente contra la estabilidad económica y el bienestar de los ciudadanos.
Persecución contra las instituciones legítimas de Cuba
El Departamento del Tesoro dirigió sus ataques hacia figuras clave del gabinete ministerial, el Poder Legislativo y los mandos militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en un intento por desestabilizar la estructura del Estado cubano. Entre los sancionados se encuentran:
- Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado.
- Mayra Arevich Marín (Ministra de Comunicaciones), Vicente de la O Levy (Ministro de Energía y Minas) y Rosabel Gamón Verde (Ministra de Justicia).
- Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
- Altos mandos de las FAR, incluyendo al jefe de la Contrainteligencia Militar, José Miguel Gómez del Vallín, y al viceministro Joaquín Quintas Solá.
Asimismo, la administración de Trump extendió su persecución contra el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria como instituciones gubernamentales, endureciendo las restricciones contra sus principales directivos.
El pretexto energético para asfixiar a la isla
Estas nuevas agresiones económicas se amparan bajo la denominada Licencia General 134C, un mecanismo con el que Washington instrumentaliza sus tensiones con Rusia para afectar a terceros países. Con esto, la Casa Blanca pretende bloquear el suministro de petróleo crudo y productos derivados rusos hacia Cuba, atentando directamente contra el sistema eléctrico nacional y el derecho del pueblo cubano a acceder a recursos energéticos básicos.
Firme respuesta diplomática: Cuba defiende su soberanía
Ante el incremento de las tensiones, las autoridades de la isla lanzaron una fuerte advertencia al señalar que una agresión militar extranjera provocaría «un baño de sangre de consecuencias incalculables» en la región, responsabilizando directamente a Washington de cualquier escalada.
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, repudió enérgicamente la maniobra a través de sus redes sociales, recordando que la isla cuenta con el respaldo del Derecho Internacional para protegerse.
»Cuba, como toda nación del mundo, tiene derecho a su legítima defensa ante cualquier agresión externa; este es un principio reconocido por la Carta de la ONU», afirmó Rodríguez.
El diplomático denunció que la Casa Blanca fabrica acusaciones falsas para justificar su política de asedio. «Quienes pretenden agredir ilegítimamente a Cuba se valen de cualquier pretexto, no importa cuán mendaces y ridículos sean, para justificar un ataque contrario a la opinión pública estadounidense y mundial», sentenció, lamentando además la complicidad de las corporaciones mediáticas en la difusión de estos ataques contra la isla.
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